23 ago. 2012

TRANSNACIONALES Y COOPERATIVAS: LAS PRIVILEGIADAS DE LA POLÍTICA MINERA ANTI-ESTATAL DE EVO MORALES


Mineros sindicalizados de Colquiri se movilizan en LP

El boom de las exportaciones solo en provecho de las transnacionales


En repetidas ocasiones, desde el Ministerio de Minería, se ha elogiado los dos últimos años como records en las exportaciones mineras de Bolivia. Y es cierto, el 2010 las exportaciones mineras alcanzaron el valor de 2 mil 642 millones de dólares, el año 2011 las exportaciones se situaron en 3 mil 448 millones de dólares, pero lo que no dice el gobierno, es cuanto nos tocó de esas astronómicas cifras a los bolivianos y cuanto se llevaron las transnacionales. Una idea nos dan los datos del 2011, ese año el Estado recibió por las exportaciones mineras solo 392 millones de dólares, en cambio las empresas transnacionales se quedaron con cerca de 2 mil millones de dólares.

Esta es la política minera de Evo Morales en concreto y con datos, que los bolivianos nos beneficiemos sólo con apenas el máximo 11% de las exportaciones y entregarles el 89% a las transnacionales. Pero, si consideramos que este panorama se da en una coyuntura de precios altos de los minerales, tenemos que entender que la distribución de las exportaciones mineras en una coyuntura de precios normales sería más desfavorable, pues la legislación minera establece que cuando los precios de los minerales bajan las empresas deben pagar menos.

¿Los yacimientos mineros son de los bolivianos o de las transnacionales?

Los procesos revolucionarios de octubre de 2003 y junio de 2005, demandaron contundentemente la recuperación de los recursos naturales, en minería e hidrocarburos, de manos de las transnacionales a favor de los bolivianos. Esta sentida demanda pasó a ser parte central de la nueva Constitución Política, señalando: “Artículo 349. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”

Con el gobierno de Evo, esta premisa no fue cumplida. Según datos del CEDLA el 2008, la COMIBOL controlaba sólo el 14,11% de las concesiones mineras, en tanto las transnacionales tenían dominio del 40% de las concesiones. El 2011, luego de cinco años de gobierno del MAS, el Estado ha sido responsable de apenas el 1,9% de la producción minera, en tanto las transnacionales controlan el 75,1%. Estos datos ilustran perfectamente que, la política minera no tuvo mayores variaciones a las de gobiernos como el de Sánchez de Lozada, por ello las grandes compañías como la SUMITOMO del Japón a cargo de la mina San Cristóbal, ó la norteamericana Coeur d' Alene Corporation a cargo de la mina San Bartolomé, se sienten a gusto con el gobierno de Evo Morales.

Priorización de la minería privada mediante las cooperativas y las transnacionales

Otro de los sectores que se beneficia de la política anti estatal de Evo, son las cooperativas mineras y para ser más precisos, al interior de ellas, reducidos grupos privilegiados de las dirigencias que se enriquecen a costa de sus bases.

Para entender el carácter del continuismo neoliberal, de la política de alianza del MAS con las dirigencias de las cooperativas, se debe ubicar que el impulso para el crecimiento de ese sector, fue componente de los planes de desmantelamiento de la COMIBOL, implementados como parte del ajuste estructural de Paz Estensoro y el MNR con el D.S. 21060 en 1986, continuada y fomentada por todos los gobiernos neoliberales que sucedieron.

La cooperativización de la minería fue la forma como en Bolivia se aplicó la privatización en los años del ajuste neoliberal. En ese entonces, los yacimientos mineros de la COMIBOL que no eran atractivos para las transnacionales, fueron desligados del Estado pasándolos a las cooperativas. Esos planes consideraban la posibilidad que los yacimientos cedidos a las cooperativistas, pudieran luego transferirse a las transnacionales. Un ejemplo de esa intención, es el actual proyecto San Bartolomé en el Cerro Rico de Potosí, donde las concesiones de la COMIBOL arrendadas a las cooperativas, ahora son parte del contrato con la transnacional de EE.UU. Coeur d' Alene Corporation. Otro caso similar es el de la mina Poopó en Oruro, donde las cooperativas entregaron sus concesiones a la empresa Sinch’i Wayra, de la transnacional Glencore de Suiza.

Durante el gobierno de Evo, el crecimiento de las cooperativas mineras casi se triplicó. En el 2006 existían sólo 470 cooperativas, mientras que el 2011 llegaron a cerca de 1300, según datos de la misma FENCOMIN. Un fenómeno comparable a los años del ajuste neoliberal, de finales del ‘80 y principios de los ’90, en los que también se triplicó el número de cooperativas mineras.

La alianza con el gobierno de Evo Morales, les ha permitido a las cooperativas ser liberadas del pago de varios impuestos, lo que en última beneficia solo a las cúpulas dirigenciales. Según el CEDIB, el 2011, el valor de la producción de las cooperativas mineras sumó 1.409 millones de dólares y sólo aportaron al Estado 43 millones de dólares.

Las pocas minas nacionalizadas, resultado de las luchas y a pesar de Evo.


En la última Cumbre de Rio +20, Evo Morales, de manera descarada, recomendó a los Estados Africanos “Nacionalizar sus recursos naturales para que no sean negocio de las transnacionales”. Evo, no tiene moral alguna para pretender mostrarse en los foros internacionales como un “nacionalizador”, pues desde que llegó al gobierno las dos únicas empresas nacionalizadas (Huanuni y Colquiri) y el yacimiento (Mallku Quta) revertido al Estado, sucedieron solo después de luchas durísimas de los trabajadores y comunidades, enfrentándose a Evo y sus aliados. Fueron nacionalizaciones en contra de la voluntad del gobierno e impuestas por el triunfo de la movilización.

Huanuni

La nacionalización de esta mina en octubre de 2006, se dio a consecuencia del fracaso de intento de toma de las cooperativas, alentadas por el entonces Ministro de Minería Walter Villarroel. Si las cooperativas hubieran tenido éxito en tomar Huanuni, hoy sería otra la historia, la única mina estatal habría sido cooperativizada con el respaldo del gobierno. Aquello, explica también la poca voluntad del gobierno para invertir en esta empresa, los primeros años después de su nacionalización. Para que el gobierno se comprometa entregar recursos para la instalación de un nuevo ingenio, los trabajadores de Huanuni tuvieron que hacer una huelga indefinida, en julio de 2007, iniciar el bloqueo de caminos y ser duramente reprimido por el gobierno.

Colquiri

A finales de mayo de este año, en ese distrito estalló uno de los conflictos más importantes después de Huanuni. Esta operación, hasta entonces controlada por la empresa Sinchi Wayra de la Glencore de Suiza, fue tomada por la cooperativa minera 26 de febrero. El avasallamiento llevó a comprender a los trabajadores asalariados, que la única manera de defender sus puestos de trabajo era planteando la Nacionalización del 100% de la mina, incorporando también a los mineros cooperativistas a la nueva empresa estatal.

Ante el planteamiento de los mineros asalariados y la fuerza de su lucha respaldada por el sindicato de Huanuni y el resto de los sindicatos mineros, el gobierno a la par de aceptar la reversión de Colquiri, firmó un acuerdo con la dirigencia de la cooperativa 26 de febrero y la FENCOMIN, comprometiéndoles la entrega de los yacimientos del sector denominado “veta Rosario”. Siendo que ese yacimiento es uno de los más ricos, lo que el gobierno ha hecho es comprometer la rentabilidad de la nueva empresa estatal. La estabilidad de la estatal de Colquiri ya está en riesgo por este acuerdo, pues las cooperativas están exigiendo ahora la entrega del 100% de ese yacimiento, amenazando con volver a tomar la mina.

Mallku Quta

Otra trágica prueba de que una minería nacionalizada y 100% estatal, no es parte de los planes de Evo, y el MAS ha sido el caso de los yacimientos de Mallku Quta. En esa región, las comunidades originarias, desde abril de 2011, decidieron la expulsión de la transnacional canadiense South American Silver que realizaba labores de exploración.

El gobierno defendió la presencia de la transnacional hasta el último momento, ordenó la aprehensión de los líderes de la comunidad, su curaca Cancio Rojas fue encarcelado en Potosí, ordenó la militarización de la zona, provocando la muerte por bala de un comunario. Solo, cuando cayó en cuenta de que la resistencia de las comunidades se fortalecía después de cada represión, pues durante los días más tensos llegaron a aglutinarse cerca de 9 mil comunarios en Mallku Quta y se sumaba el respaldo de las comunidades de las cinco provincias del Norte de Potosí, tuvo que dar un paso atrás y aceptar la reversión del yacimiento al Estado. Sin embargo, transcurrió casi un mes desde que se firmó el acuerdo y sólo después de que las comunidades amenazaran con volver a movilizarse, si en un plazo de 72 horas no se emitía el decreto, el gobierno finalmente el 2 de agosto promulgó la reversión.

Derrotar la política entreguista de Evo Morales. Por una salida de fondo a la minería: Nacionalización sin indemnización de toda la minería bajo control de los trabajadores

La gran conquista, arrancada con lucha, de los trabajadores mineros de Huanuni y Colquiri y los comunarios de Mallku Quta de recuperar los yacimientos mineros a favor del pueblo boliviano, a la larga no podrá preservarse si no se lucha por la nacionalización de toda la minería.

Resulta absurdo, que mientras la gran mayoría de los bolivianos nos sumimos en la pobreza y el desempleo, las transnacionales cada año se lleven miles de millones de dólares por las exportaciones mineras. Es intolerable que, miles de bolivianos sean explotados y puestos en riesgo, trabajando en condiciones de inseguridad y sin beneficios sociales en las cooperativas mineras, para favorecer a pequeños grupos de dirigentes. La minería ya no puede seguir siendo el lucro de unos pocos y debe ser puesta al servicio del desarrollo nacional.

Esa tarea, solo será posible si se derrota la actual política entreguista de Evo Morales, que favorece solo a las transnacionales y las dirigencias cooperativistas.

La dirigencia de la FSTMB, COB, los sindicato de Huanuni y Colquiri, deben dar continuidad a la lucha para una real recuperación de los recursos naturales (minería) a manos de los bolivianos, la lucha debe continuar por la NACIONALIZACIÓN DE SAN CRISTÓBAL, INTI RAYMI, PORCO, SAN BARTOLOMÉ, BOLÍVAR Y OTROS YACIMIENTOS llevando a la práctica las resoluciones del Congreso Nacional de la FSTMB y el XV Congreso de la COB.

¡Nacionalización sin indemnización de toda la minería bajo control de los trabajadores y del pueblo!

¡Incorporación de todos los trabajadores cooperativistas a las empresas nacionalizadas!

¡Fuera las transnacionales! Los recursos naturales para los bolivianos.

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Una nueva Ley minera para una misma y vieja política entreguista

Desde marzo de 2011, el gobierno viene concertando con los representantes de las transnacionales mineras, con los representantes de los empresarios nacionales y con la dirigencia de las cooperativas mineras, la nueva Ley de Minería que debe remplazar al actual Código de Sánchez de Lozada. Lo criticable es que de esta comisión integrada por sectores patronales, también ha venido participando la FSTMB, y la propuesta de proyecto de Ley que salió repite, en gran parte, el contenido y esencia del código Gonista.

En este proyecto de Ley, no existen medidas para el fortalecimiento de las empresas estatales, al contrario se las pone en desventaja respecto de las operaciones privadas. Se establece que las empresas del Estado deben autofinanciarse con recursos propios, restringiendo la inversión del Estado en ellas, pero respecto de las cooperativas y la empresas chicas se establece la creación de dos Fondos con recursos del Estado. Entonces mientras se dificulta la inversión del Estado en sus propias operaciones, se incentiva la inversión pública en operaciones privadas.

De otra parte, el proyecto de Ley está orientado a endurecer la represión, para proteger a los operadores privados. Se plantea la creación de un Tribunal Minero Nacional y juzgados especiales regionales. Estos juzgados, resolverán en procesos abreviados las demandas de las empresas mineras para expropiar las tierras y aguas de las comunidades.

Lo alarmante y que debiera preocupar a los trabajadores mineros estatales, es que estos juzgados resolverán las demandas de las empresas privadas contra el Estado. Si esta Ley estuviera en vigencia, la anulación del contrato de la COMIBOL y Sinch’i Wayra, para la reversión de Colquiri, lo resolverían estos juzgados; lo mismo con Mallku Quta. Con esta Ley, el gobierno protegerá a las empresas transnacionales, ante luchas que pidan la reversión de estas operaciones al Estado.

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Coro Coro y el Mutún: Estado “socio” de las transnacionales, un fracaso anunciado.

El 24 de junio, como acostumbra, Evo con grandes bombos y platillos promulgó el decreto de creación de la empresa estatal Coro Coro. Al día siguiente, el 25 de junio, el Ministerio de Minería difundió los avances de la exploración de la empresa Kores de Corea del Sur en Coro Coro, con quien la COMIBOL tiene un contrato de riesgo compartido, anunciando también que la compañía coreana iniciara la explotación del yacimiento desde el 2013. El contrato, con la Kores, establece que la administración de la operación minera y la comercialización del cobre extraído de Coro Coro corresponden en exclusividad a la empresa Coreana.

El gobierno, insiste en esta línea a pesar de que los hechos demostraron que es una fantasía reaccionaria pretender entrar en “sociedad” con las transnacionales. La prueba es el proyecto Mutún.

El proyecto del Mutún fue anunciado como uno de los mayores proyectos mineros de riesgo compartido (50% estatal y 50% en manos de la transnacional Jindal), sin embargo está paralizado. La Jindal se ha ido del país dejando enormes pérdidas al Estado boliviano. El contrato entre Jindal y la Empresa estatal Siderúrgica del Mutún había sido suscrito en 2007 y establecía que Jindal debía invertir aproximadamente $us 600 millones en el proyecto. El 25 de julio, el informe de la auditoría de la empresa Delta Consult SMS Bolivia indicaba que Jindal invirtió solamente $us 12 millones y no lo que estaba comprometido. Además, la Fiscalía informó que JSB se constituyó en empresa en 2006 con un capital autorizado de Bs 18 mil y un capital pagado de Bs 9.000 y tras la firma del contracto con el gobierno boliviano, su “patrimonio declarado” se incrementó a Bs 2 millones. El ministro de Minería, Mario Virreira, sostuvo que “Jindal capitalizaba sus acciones e intentaba invertir en base a nuestro potencial”. Es decir, la empresa triplicó su patrimonio y se fugó del país.

*El artículo es parte del periódico Lucha Socialista N°29 en venta.

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