9 may. 2014

Nueva Ley de Minería favorece a las transnacionaales y cooperativistas en detrimento de la minería estatal

Durante los primeros días de abril, la dirigencia de los pequeños patrones cooperativistas mineros, lanzaron a sus bases – en  su gran mayoría peones asalariados superexplotados – al bloqueo de caminos y la movilización exigiendo al gobierno la aprobación sin modificaciones del proyecto de Ley de Minería, que fue elaborado y consensuado durante tres años con el gobierno, las transnacionales, los empresarios mineros y, de manera vergonzosa para los asalariados, con la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). 

Contra cualquier previsión, los casi nueve años de matrimonio perfecto, entre el gobierno del MAS y la patronal cooperativista, atravesó por su primera pelea a causa de la Ley de Minería, el desentendimiento giró en torno a los artículos 132 y 151. Muy al contrario de lo que alegaban los voceros del gobierno, de ninguna manera se trataba de una confrontación entre quienes defendían los intereses del Estado (supuestamente el gobierno) frente a quienes defendían la entrega de los minerales a las transnacionales. En realidad la disputa ha sido por quien de los dos (el gobierno o los dirigentes cooperativistas) firman los contratos de saqueo con las transnacionales. Así, finalmente el acuerdo firmado el 25 de abril, reconciliando a las cooperativas con el gobierno, establece que ahora cualquier contrato de asociación que firmen las cooperativas será con aval del Estado. Este acuerdo, deja incólume todo el contenido del proyecto de Ley que fue elaborado a gusto y medida de las transnacionales, su inminente aprobación significa la profundización de la entrega de nuestros minerales a los capitales multinacionales. 

La nueva ley minera no cambiará el actual predominio de las compañías transnacionales. 
Según datos del Ministerio de Minería, el año 2013 el 70% del valor de las exportaciones mineras correspondieron a las empresas transnacionales, el 21% a cargo de las cooperativas y solo el 9% a cargo de las empresas estatales; sumando los valores de los dos primeros, tenemos que el 91% de las exportaciones mineras está en manos de privados y solo una mínima parte ha sido recuperada con las nacionalizaciones de Huanuni y Colquiri, realizadas gracias a la lucha de los trabajadores y enfrentando la política del gobierno del MAS y su alianza con los patrones cooperativistas. 

Este predominio privado y transnacional explica también por qué a pesar de una coyuntura de varios años de precios altos – que ahora empieza decaer – la minería no ha beneficiado a las/os bolivianas/os. Así, remitiéndonos a los datos del Ministerio de Minería del 2013, se comprueba que ese año las exportaciones mineras se situaron en 3 mil 83 millones de dólares, en tanto las regalías percibidas por el Estado, llegaron solo algo más de 134 millones de dólares, apenas un mísero 4% del valor total exportado. Queda claro entonces que la actual estructura de la minería boliviana, beneficia principalmente a las transnacionales y a un pequeño puñado de patrones cooperativistas. 

La nueva Ley Minera, “consensuada” entre el gobierno del MAS y los empresarios no modificará en nada la actual estructura, al contrario otorga garantías al capital transnacional, protegiéndolo contra cualquier protesta social (incluyendo las protestas laborales), al penalizar a título de “Seguridad Jurídica” cualquier acción que interfiera la actividad minera (Artículos 99 al 101 del proyecto de Ley). 

Los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) no defienden la COMIBOL

Mientras diversas organizaciones, aun aquellas cuyas dirigencias están ligadas con el gobierno, como el de la Asociación Nacional de Regantes, se vieron obligadas a pronunciarse y movilizar en contra de las afectaciones del proyecto de Ley Minera a sus derechos e intereses, rechazando la libre disposición de aguas a favor de los operadores mineros, o el tema de la vulneración del derecho a la Consulta Previa. En cambio la dirigencia de la FSTMB, mucho menos del Sindicato de Huanuni o de Colquiri, abrieron la boca para rechazar y reclamar por las restricciones que este proyecto de Ley impone a la COMIBOL y sus empresas, los artículos de 61 al 78 de este proyecto, condenan a la COMIBOL y sus empresas a restringirse solo a sus actuales operaciones, poniendo muchas limitaciones para expandirse a nuevas áreas. El artículo 63 del proyecto de Ley es una verdadera desnacionalización, pues establece que las áreas que COMIBOL ha entregado a las cooperativas en arrendamiento, incluso aquellas nacionalizadas en 1952, ahora deben pasar a contratos directos entre las cooperativas y el Estado, perdiendo la COMIBOL cualquier atribución sobre las mismas, algo que ni Sánchez de Lozada se atrevió.

La salida de fondo: Rechazar la ley entreguista de Evo y retomar la lucha por la nacionalización de las minas bajo control obrero. 

El proyecto de Ley Minera de Evo y de sus aliados de la dirigencia patronal de las cooperativas y transnacionales, pretende profundizar la entrega de nuestros minerales a las grandes empresas, luego de que resolvieron sus diferencias, ahora es muy probable que aceleren su aprobación ratificando todo su contenido anti nacional, y consolidando el dominio y saqueo de las transnacionales. De manera vergonzosa la aprobación de esta Ley, que atenta contra la minería estatal y pone un freno a la nacionalización, se dará con la complicidad de las dirigencias de la Federación de Mineros, de la COB y de los sindicatos de las únicas empresas estatales (Huanuni y Colquiri). Esto es el precio que los trabajadores deben pagar por el acuerdo electoral de la dirigencia con el gobierno. 

Por eso, la tarea es exigir a estas direcciones traidoras que rompan su acuerdo con el gobierno y encabecen la lucha por una salida de fondo para la minería boliviana y el conjunto de los trabajadores, retomar la lucha por la nacionalización y de toda la minería en Bolivia, incorporando a los asalariados y peones de las cooperativas en las nuevas empresas estatales a crearse. Pero no basta solo la Nacionalización, esta debe ir de la mano de imponer el control obrero y del pueblo sobre las operaciones mineras, para controlar que las explotaciones mineras beneficien al conjunto del País.

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