Por Julián Wila
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| Violenta represión a la VIII Marcha Indígena. |
El pasado 22 de enero, el gobierno de Evo Morales y el MAS festejó el “segundo aniversario del Estado Plurinacional” de Bolivia. De estos actos no participaron las principales organizaciones indígenas, como el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), tampoco estuvo presente la Central Obrera Boliviana (COB), tomando en cuenta que la gran mayoría de los asalariados bolivianos somos de origen quechua, aymara, guaraní y de otras nacionalidades originarias. Sus ausencias, pusieron en evidencia que, tanto los pueblos indígenas y el movimiento obrero empiezan a reconocer que no se sienten representados por este Estado. Lo más importante, su ausencia pone en duda y abre el debate sobre si en Bolivia existe o no un nuevo Estado Plurinacional, como pretende hacer creer el gobierno.
¿Hay un nuevo estado en Bolivia desde el 2010?
Según el gobierno, en Bolivia desde el 22 de enero del 2010, con el inicio del segundo mandato del MAS y la instalación de la Asamblea Legislativa, bajo la nueva Constitución Política del Estado, se habría dado fin al Estado Capitalista y Colonial para dar paso al nacimiento del nuevo Estado Plurinacional.
Esa afirmación, de entrada plantea dos interrogantes ¿Cómo se define un Estado? y ¿Cómo se operan los cambios en el Estado?
Actualidad de un viejo debate: El carácter de clase del Estado.
Las anteriores interrogantes, no son nuevas, son parte un viejo debate. La burguesía y los partidos de derecha, desde siempre y en todos los países del mundo, han tratado de hacer creer que el Estado es una instancia imparcial, que está por encima de los intereses de las clases sociales y que se define, funciona y cambia desde las Leyes. Es decir que, para cambiar un tipo de Estado por otro, se debe cambiar sus leyes, principalmente la “Ley Suprema”, la Constitución. Esta visión, que a todas luces es la que en un primer momento ha adoptado el partido de gobierno del MAS, es errada, acientífica y engañosa.
Las luchas de los trabajadores, reflexionadas desde el marxismo revolucionario, han demostrado desde hace mucho tiempo que, “El Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano desde donde una clase social impone su voluntad e intereses al resto de la sociedad”. En el capitalismo, el Estado está al servicio de la burguesía, es decir al servicio de los dueños de las empresas (transnacionales y nacionales), de los latifundistas, de los propietarios de los bancos. Ese carácter de clase del Estado obliga a que, la única forma de cambiar un tipo de Estado por otro, es cambiando a la clase social que está en el poder.
Por tanto, si en Bolivia fuera cierto que hemos cambiado el viejo Estado Capitalista, por otro nuevo Estado “Plurinacional”, tendría que significar que se ha cambiado a la clase social dominante, lo cual también debiera significar que hoy el Estado, no defiende más los intereses de las empresas (transnacionales y nacionales) y, como mínimo, se supone debiera defender los intereses de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias, y de los obreros.
Esa verdad irrefutable, ha obligado finalmente al gobierno a “inventar” otros argumentos para intentar justificar que en Bolivia hay un nuevo Estado. De manera cínica, se está inventando que también hay un nuevo bloque de poder; así lo sostuvo el Vicepresidente García Linera, en su informe a la Asamblea Legislativa del 22 de enero: “Se ha modificado la base social del Estado. Significa que hoy hay un nuevo bloque de poder de clase y de naciones. Ese nuevo bloque de poder de clase y de naciones lo compone el movimiento indígena campesino, el bloque obrero, los sectores vecinales y las clases medias profesionales. (…) Los lugares decisionales del Estado están concentrados fundamentalmente en la vida orgánica de las organizaciones sociales indígenas, campesinas, obreras, populares, vecinales, cooperativistas que tiene Bolivia”.
¿Será cierto, como dice García Linera, que hoy las decisiones del Estado lo asumen las organizaciones indígenas campesinas, las organizaciones obreras y demás sectores populares? Las luchas contra el gasolinazo, por el salario, y la lucha en defensa del TIPNIS, se encargaron en demostrar la gran falsedad de lo dicho por García Linera y el gobierno del MAS.
El gasolinazo, no fue decidido por ninguna organización ni obrera, ni indígena, mucho menos fue en su favor. Como el mismo Evo Morales y sus ministros lo reconocieron en su momento, fue una medida dictada para incentivar la inversión y ganancias de las transnacionales que controlan la producción de hidrocarburos.
El que hasta hoy no se haya nacionalizado ninguna otra minas más, al margen de Huanuni, no es una medida que vaya a favor de los trabajadores, al contrario eso solo favorece a las grandes compañías como la SUMITOMO CORPORATION, dueña de la Minera San Cristóbal, ó la GLENCORE CORPORATION dueña de la empresa Sinch’i Wayra antes COMSUR de Sánchez de Lozada. De ningún modo, en este caso, el Estado responde a las decisiones de las organizaciones, pues claramente el último congreso nacional de la Federación de Mineros resolvió exigir la nacionalización de toda la minería.
La represión a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, no la decidió ninguna organización indígena. Este conflicto, demostró con toda nitidez de qué lado se pone el actual Estado. Al igual que en los periodos neoliberales, está del lado de los intereses empresariales, como de la contratista brasilera OAS, y en contra del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La lucha de la VIII marcha indígena, que aun continua, es la prueba más clara que el Estado no cambio en esencia, entonces ¿De qué nuevo Estado Plurinacional se está hablando?
¿Cuáles son los intereses que defiende el supuesto nuevo Estado Plurinacional?
El verificar si en Bolivia estamos frente a un nuevo Estado Plurinacional, ó estamos frente al mismo viejo Estado Capitalista con un nuevo nombre y nuevos administradores serviles, no es una cuestión que se resuelva solo por la discusión, los hechos de la realidad son en ultima los que nos permiten comprobar cuales son los intereses concretos a los que está sirviendo el Estado.
Si se considera, solamente, quienes están controlando y beneficiándose de las dos principales actividades económicas desarrolladas en el país, se evidencia cuales son intereses que están dirigiendo al Estado y por tanto la verdadera clase social que detenta el poder.
En minería, el 76% de las operaciones y exportaciones mineras están a cargo de las compañías transnacionales, y solo un insignificante el 2% bajo control de la empresa Estatal COMIBOL. En hidrocarburos el 80% de la producción es controlada por las transnacionales, bajo la siguiente distribución: Petrobras controla el 60,48%, Petrobras Energía el 2,63%, la Repsol el 8,13%; Pluspetrol el 3,61%, British Gas el 3,61%, Vintage el 1,95% y Matpetrol el 1,95%. En tanto el Estado controla apenas el 19,7 % de la producción a través de YPFB Chaco e YPFB Andina.
Está claro que, son los intereses de las transnacionales y la burguesía, los que continúan detentando el poder del Estado, aunque ahora se llame “Plurinacional”. También queda demostrado que, no se ha modificado la base social del Estado, que no hay un nuevo bloque de poder de clase y de naciones. Lo que si hay, es un sector social y político al cual representa el MAS, que como lo dijo con absoluta claridad Evo Morales al momento de jurar como presidente, se proponen ser los socios menores de las transnacionales. Ese propósito también se ha reflejado e implementado en la última cumbre oficialista, donde se estableció un pacto entre el gobierno, los dirigentes del MAS y los empresarios privados y agroindustriales del oriente.
Una Constitución pactada con la burguesía no puede parir un nuevo estado.
Ni siquiera el hecho de que Bolivia tenga una nueva Constitución Política del Estado, pudiera significar que estemos ante un nuevo Estado y una nueva sociedad. Se debe recordar que, la actual constitución, si bien gran parte de su texto fue elaborado en la Asamblea Constituyente donde hubo una alta participación de los movimientos sociales, los puntos esenciales, la columna vertebral de esta Constitución, no la escribieron esos movimientos. Sino que fueron redactados, corregidos e incorporados, directamente por los representantes genuinos de la burguesía, de los agroindustriales y las transnacionales, mediante la Comisión Multipartidaria del Congreso en octubre de 2008.
La Comisión Multipartidaria, conformada por congresistas de PODEMOS, UN, MNR y el MAS, modificó de manera antidemocrática y a espaldas de los sectores sociales en lucha, más de un centenar de artículos de la Constitución aprobada en Oruro. Si queremos ubicar un fecha “conmemorativa”, fue octubre de 2008. Mediante este pacto del MAS con la burguesía y los representantes de las transnacionales, que el decrepito Estado Capitalista boliviano fue salvado, y se sepultó para ese periodo, las posibilidades de siquiera piscas de un Estado Plurinacional.
Como bien señalaron, los representes de los partidos de derecha en ese entonces, la Comisión Multipartidaria incorporó salvaguardas en la Constitución para proteger la gran propiedad de las transnacionales, los latifundios y hacer que los derechos inscritos por los movimientos indígenas y laborales en la Constitución, sean solo simbólicos e inaplicables, como ahora empieza a demostrarse. Un claro ejemplo, el derecho a la libre Determinación y la Consulta Previa de los pueblos indígena originarios establecido en la Constitución, no se cumple o se aplica muy parcialmente, porque como dice Evo, ese derecho es un perjuicio para la empresas petroleras, mineras, camineras, etc.
La lucha por un Estado Plurinacional, socialista de obreros, pueblos indígenas y campesinos, continua pendiente.
La principal farsa y crimen político del MAS, es pretender hacer creer a los trabajadores, a los pueblos indígenas, campesinos y sectores populares, que es posible un Estado Plurinacional dentro del capitalismo. Que se puede reformar el obsoleto Estado de la burguesía y sus instituciones, revocando su fachada con una nueva constitución y nuevas Leyes. Aun más si estas garantizan la propiedad privada de los medios de producción en manos de los empresarios y latifundistas.
Cada una de las caducas instituciones, que durante el 2003 y 2005 fueron puestas en crisis por las luchas de las masas, hoy intentan ser salvadas rebautizándolas con la palabra mágica “Plurinacional”. Evo y el MAS, están llamando a los trabajadores y pueblos indígenas a que volvamos a confiar en el decrépito Congreso, solo porque ahora se llama “Asamblea Legislativa Plurinacional”. Sin embargo esta vieja institución no cambió en nada, sigue estando compuesta por dos cámaras de diputados y senadores, que no responden ni a las organizaciones ni a los pueblos originarios sino a los partidos, y aprueban leyes que van en contra de los pueblos indígenas, como la reciente ley 222. El gobierno, pide que volvamos a confiar en la vieja justicia de los ricos y sus leyes, solo porque ahora se llama “Órgano Judicial Plurinacional”, mucho más grave aún, llama a que se confíe en la policía y las fuerzas armadas que sirven para reprimir las luchas, porque ahora se llaman Policía y Ejercito Plurinacional. Hay que ser enfáticos, son las mismas instituciones del viejo Estado Burgués y no podemos confiar en estas solo porque tengan un nuevo nombre.
Un verdadero Estado Plurinacional, no puede ser capitalista. Un verdadero Estado Plurinacional debe estar bajo control directo de las organizaciones obreras y de los pueblos originarios. El Estado Plurinacional de los obreros y Pueblos Indígenas, debe recuperar de las transnacionales nuestros recursos naturales mediante la expropiación y nacionalización sin indemnización y eso solo tiene un nombre, eso es Socialismo.
Esa es la tarea que tiene en frente el movimiento obrero, campesino y de los pueblos indígenas. Y para eso necesitan una organización que lleve adelante esta tarea traicionada por el MAS y Evo Morales. Por lo tanto, la COB debe hacer cumplir la resolución aprobada en el XXXI Congreso minero de Potosí de 2011 y ratificada en el XV Congreso de la COB de enero del presente año en Tarija, de construir un Instrumento Político de los Trabajadores. Solamente una alternativa de izquierda, obrera, indígena y popular, que impulse y unifique la lucha en contra de los ataques del gobierno, puede poner de pie una alternativa al MAS y Evo Morales. Éste instrumento político debe unir a obreros, indígenas, campesinos, sectores populares y la juventud, además de toda la izquierda revolucionaria de Bolivia, con la tarea de construir un verdadero gobierno obrero, indígena, campesino y popular, un Estado Plurinacional, y una Bolivia socialista.
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