Debido
a la aún alta cotización de los precios internacionales de las materias primas
(minerales e hidrocarburos principalmente), Bolivia ha mantenido un crecimiento
económico considerable en la gestión 2012. Pero a la hora de poner en la
balanza a quienes beneficia realmente esa coyuntural “bonanza”, los datos
muestran que las políticas económicas del gobierno del MAS favorecen a las
transnacionales, al empresariado y a los nuevos ricos que surgen gracias a los
negociados y la corrupción; en tanto que para los trabajadores y el pueblo en
general el gobierno ha desatado ataques sistemáticos a sus conquistas, derechos
y organizaciones.
Crecimiento sin
generación de empleo estable
Según
el gobierno, la bonanza económica que vive Bolivia también se habría reflejado en
la reducción delatasa de desempleo que para el 2011 en base a datos del INEse estimaba
en un 5,5%. Sin embargo, esas cifras resultan irreales si se las contrasta con las
estimaciones estadísticas sobre la informalidad del empleo, que en el país alcanza
entre el 70 al 87% de la población
económicamente activa (PEA).Se puede decir que, casi dos tercios de las y los
bolivianos en edad de trabajar no tienen empleos estables y con todos los
beneficios sociales.
Incluso
si se examina los datos de las dos áreas económicas claves como son la minería
y los hidrocarburos, se puede constatar ese extremo. En minería, los datos
oficiales de empleo datan del 2010 y señalan que de los cerca de 79.311 trabajadores
del sector, el 8% están en las empresas estatales, el 7% en la minería privada
y las transnacionales, el 2% en la minería chica y el 83% en las cooperativas.
Tomando en cuenta que en las cooperativas,en su abrumadora mayoría,se trata de
fuentes de trabajo sin beneficios sociales ni seguro médico y que una gran
proporción los mineros cooperativistas son peones jornaleros, se puede concluir
que en el sector minero predomina el empleo precario e informal. El crecimiento
de las cooperativas mineras durante el gobierno del MAS, al influjo de sus
políticas favorables a las cúpulas patronales del sector cooperativo, debe entenderse como la aplicación de una
política de precarización e informalización del trabajo y los derechos
laborales en el sector minero.
En
el sector de Hidrocarburos, el
predominio de las transnacionales en este sector, que se mantiene incólume a
pesar de la pseudo-nacionalización del MAS, viene significando también la
protección a la tercerización del empleo que imponen las compañías extranjeras
a los trabajadores petroleros. En siete años del gobierno del MAS, la gran
mayoría de las y los bolivianos nos mantenemos en la informalidad, en el
“desempleo disfrazado” con salarios miserables y condenados a no tener una
jubilación y beneficios sociales.
A cada lucha crece el cuestionamiento y la
desconfianza al gobierno
Luego
de la “cumbre social” en enero de 2012, el gobierno desató un política
sistemática de ataques contra los trabajadores y los pueblos indígenas. Esos
ataques lanzados, expresan la fragilidad dela“bonanza” económica, pues la misma
no podrá mantenerse sin una intensa
entrega de los recursos naturales y el recorte de conquistas sociales para
proteger las ganancias de las transnacionales y la burguesía. Aquello, permite
explicar el ataque a los trabajadores en salud.
Además
desató una persecución política y judicial contra las dirigencias indígenas del
TIPNIS, de la CONAMAQ y de MallkuQuta para imponer la construcción de la
carretera en el primer caso y defendiendo los intereses de una transnacional
canadiense en el segundo caso. Defendió a ultranza los intereses privados de
las cúpulas cooperativistas al negarse a nacionalizar Colquirial 100%, e
incluso al momento de emitir su mensaje presidencial continuó atacando la
nacionalización de esa mina, criticando la baja producción alcanzada.
Sin
embargo cada uno de esos ataques,fueron respondidos con la lucha y organización.
Los trabajadores en salud después de una prolongada huelga, frenaron al
gobierno en sus intenciones.Los comunarios de MallkuQutacon presos y muertos de
por medio lograron expulsar a la transnacional canadiense y la reversión al
Estado de los yacimientos.En el TIPNIS si bien el gobierno impuso su “consulta-post”
a través del chantaje y la cooptación, aún no logra convencer de que gano el “Sí”
a la carretera. Los trabajadores mineros de Colquiri aunque no lograron la
nacionalización 100% de esta mina, lograron recuperar esta empresa de manos de
la transnacional Glencore e impusieron algunas condiciones a la presencia de
las cooperativas.
Por lo tanto, aunque mantiene un
importante apoyo popular, principalmente en el sector campesino, no se puede
decir lo mismo en los sectores de los trabajadores urbanos y en los pueblos
indígenas. A cada lucha la experiencia avanza y deja claro que Evo no es un
gobierno de los trabajadores y tampoco de campesinos e indígenas. La
experiencia se tradujo en caída de la popularidad. En la última encuesta urbano-rural
de IPSOS, Evo aun logra un respaldo de 57% en las zonas rurales, sin embargo en
las nueve capitales de departamento su respaldo electoral se sitúa en el 38%.
Gobierno promotor del
paralelismo y la división de las organizaciones sindicales y sociales
De
la mano del ataque a los trabajadores y pueblos indígenas, el gobierno viene
impulsando una política de destrucción de las organizaciones sociales,
alentando el paralelismo en aquellos sectores que salieron a enfrentárselo con
la lucha.
De
manera descarada, ante cada lucha ha desatado campañas de desprestigio contra
las organizaciones, sus demandas y sus dirigencias, acusándolas
de estar con la derecha, la embajada americana, de ser parte de planes
golpistas, cuando en los hechos es el gobierno del MAS quien comulga y anda de
la mano con los sectores patronales y de la oligarquía.
Así
mismo, ha venido promoviendo el paralelismo y la división de las
organizaciones, cuando no ha podido coparlas y cooptarlas, como ahora sucede
con la CIDOB, al impulsar la destrucción y el paralelismo de esta organización
indígena del oriente.
Evo y el MASgobiernan
para las transnacionales, empresarios, latifundistas y oligarquía
Según
da cuenta el periódico Opinión en la “cumbre social oficialista” de enero de
2012, participaron
la CAINCO, FEGASACRUZ, la CAO, ANAPO, CONCABOL, FENCA, Cámara de Hidrocarburos,
Cámara Forestal, Cámara de la Construcción, Cámara de Transporte del Oriente,
Federación de Caminos y la Cámara Minera. El empresariado cruceño en pleno
debatió la agenda del proceso con los movimientos sociales y fue Gabriel
Dabdoub, líder empresarial, quien leyó las conclusiones en nombre de todos.Sin
lugar a dudas, la presencia activa de la crema y nata de la oligarquía, las
patronales, los latifundistas y los representantes de las transnacionales en
esa cumbre, se explica por la protección y beneficios que les garantiza el
gobierno de Evo Morales.
Basta
recapitular algunas concesiones que el gobierno les vino otorgando, como el de
la suspensión
por cinco años de la revisión de la función económico-social, pactado entre Evo
y
los latifundistas de la media luna en el 2008 e incorporado en el nuevo texto constitucional, medida
pensadaa favor de los grandes ganaderos del oriente, desde entonces aliados
del gobierno. Otro de los sectores que
se siente complacido con las políticas gubernamentales es la burguesía de la
banca.Según datos del propio ministro de economía Arce Catacora la banca durante el 2012 registró ganancias en
el orden de 280 millones de dólares (La Razón/22/11/12).
Y
para despejar cualquier duda de la estrecha y armoniosa relación que mantiene
el gobierno del MAS con la burguesía boliviana y las transnacionales, basta con
escuchar la satisfacción de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
con la propuesta de proyecto de Ley de Inversiones que les entrego el gobierno el
30 de enero de 2013 para que la revisen y corrijan a la medida de sus
intereses. El presidente de los empresarios Daniel Sanchez calificó de “buena y
razonable” la propuesta de Ley de Inversiones presentada por el gobierno, que según
los empresarios será el principal marco legal sobre la que deben regirse las
futuras leyes de Hidrocarburos, Minería, Tributario y Laboral. Es decir, la
futura Ley de Inversiones que otorgará garantías legales a las ganancias de la
patronal y las transnacionales obtenidas de la explotación de los trabajadores
y el saqueo de los recursos naturales, rayará la cancha de las futuras leyes,
incluso la laboral, en palabras sencillas en primer orden el Estado defenderá
la ganancia del empresario y luego los derechos laborales.
*El Dossier completo "Balance de 7 años del gobierno de Evo Morales" usted lo encuentra en nuestro Periódico Lucha Socialista N-31. Adquiéralo!!!!!!!
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